La ley de educación dice expresamente que no se podrán imponer "aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran aportación económica". Sí se podrán cobrar los servicios complementarios (como autobús o comedor) o las actividades extraescolares, que "tendrán carácter voluntario".
Según una reciente encuesta del Instituto Nacional de Estadística, cada concertado religioso recibió una media de 2.070 euros por alumno en 2005, y los laicos, 2.444. Ese mismo informe hablaba de un beneficio medio de 76.000 euros al año para los religiosos y de 68.000 para los laicos.
Sin embargo, casi todos -o todos- los colegios concertados cobran a sus clientes una cuota mensual, fiándose a ese supuesto carácter voluntario. ¿Por qué lo hacen y por qué se les permite si el Estado les financia adecuadamente?
Hay dos razones para mantener ese sistema mixto. Al Estado le va bien: los concertados le cuestan entre un 25% y un 50% menos que los públicos (entre 1.400 y 3.000 millones de euros al año).
A las familias de clase media también, es la vía que usa la escuela concertada para seleccionar a su alumnado. Y la posición socioeconómica de las familias es el factor clave en el éxito escolar.
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